ABC 24/05/2013
luis de vega / san sebastián
Un saharaui condenado por Rabat a cuatro meses es castigado a perpetuidad meses después por los mismos hechos. Aalia, prófugo para Marruecos, espera respuesta a su petición de asilo en España.
«Por primera vez en mi vida me sentí libre», afirma Hassana Aalia (El Aaiún, 1988) al recordar el campamento protesta de Gdeim Izik levantado
en el Sahara Occidental en 2010. Miles de saharauis participaron en él
durante un mes hasta que el Ejército de Marruecos lo desmanteló por la
fuerza el 8 de noviembre. En los disturbios murió más de una decena de
personas, la mayoría agentes marroquíes, según Human Rights Watch (HRW).
Aalia fue condenado el 14 de febrero de 2011 a cuatro meses de prisión,
que no debió cumplir por carecer de antecedentes. No quedó probado que
participara en las agresiones a las Fuerzas de Seguridad marroquíes,
según un informe de la Asociación Internacional de la Observación de los Derechos Humanos (AIODH).
Tras
aquella sentencia «viajé al Foro Social Mundial en Dakar, a los
campamentos de refugiados (saharauis en Tinduf, Argelia), a España…»,
explica Aalia a ABC. Pero la sorpresa llegó en medio de esos
desplazamientos en los que regresaba con normalidad a su casa de El
Aaiún, cuando «un Tribunal Militar anuncia una orden de búsqueda y captura contra mí».
Le pilló en España y tomó la decisión de no volver más. Así es como fue juzgado en rebeldía,
junto a otros 23 activistas saharuis que sí estaban presentes, por un
Tribunal Militar en Rabat. El pasado 17 de febrero emitía nueve cadenas perpetuas (entre
ellas la de Aalia), cuatro condenas a treinta años, seis a veinticinco
años, tres a veinte años y dos a dos años y tres meses.
«Nulo de pleno derecho»
Condenar
a alguien dos veces por los mismos hechos «constituye una gravísima
violación del principio de cosa juzgada» por lo que el proceso «es nulo de pleno derecho»,
entiende la AIODH, presente en todas las sesiones del juicio, el más
importante celebrado contra activistas saharuis. El artículo 119 de la nueva Constitución aprobada en Marruecos
en 2011 impide juzgar dos veces los mismos hechos. El informe añade
también que «la presencia del inculpado en un proceso penal es un
derecho elemental».
Por todo ello el profesor de Derecho
Internacional Público Juan Soroeta, miembro de la AIODH y observador en
el proceso, considera que «todo el juicio es una aberración jurídica» pero «el caso más surrealista es el de Aalia», instalado por el momento en Bilbao.
Rabat lo considera un prófugo.
«En enero de 2012 pedí asilo político en España, pero siguen estudiando
el caso. He presentado pruebas de torturas, denuncias, lo ocurrido en
el juicio…», señala a ABC durante una entrevista en San Sebastián. Y es
en ese momento cuando asoma cierto temor ante las buenas relaciones
entre Madrid y Rabat. «No
sé lo que va a pasar. No puedo volver a El Aaiún y además el Gobierno
español tiene un acuerdo de extradición con el marroquí desde 2009».
El
informe de la AIODH, de 46 páginas, entiende además que Marruecos no es
competente para juzgar hechos acaecidos en un territorio pendiente de
descolonizar sobre el que no tiene soberanía como es el caso del Sahara Occidental.
Sus leyes, en concreto la nueva Carta Magna, impiden también juzgar a
civiles ante tribunales militares. Aunque «la vista fue ordenada y
mejoró sensiblemente experiencias anteriores» no puede considerarse un juicio «justo y equitativo».
Los
acusados no pudieron presentar testigos presenciales, ni se realizaron
las pruebas médicas que solicitaron, tampoco se presentaron resultados
de autopsias a los cuerpos de los agentes a los que supuestamente
asesinaron, se violó el principio de presunción de inocencia
y fueron condenados sin más prueba que unas declaraciones supuestamente
realizadas en el momento de la detención, según el texto.
HRW ya emitió un informe en abril criticando el proceso. La ONG dijo que no se habían presentado pruebas materiales contra los acusados ni testimonios que probaran su culpabilidad.
Acusados de secuestrar a 20.000 personas
La
causa principal del procesamiento, dice la AIODH, era «haber
secuestrado a las más de 20.000 personas que se encontraban en Gdeim
Izik», pero «en ningún momento se les acusó formalmente del delito de
secuestro». Hassana Aalia se ríe cuando es preguntado si aquellas
personas estaban allí en contra de su voluntad. «El campamento de la
dignidad duró 28 días y los medios extranjeros que estuvieron allí lo
contaron. Nada tuvo que ver con el secuestro de 20.000 saharauis».
Él mismo reconoce haber disfrazado con ropas locales a extranjeros para
que pudieran sortear el cerco de la Policía marroquí y acceder al
campamento.
El mar de jaimas de Gdeim Izik creció tanto que se convirtió en la mayor afrenta de los saharauis contra las autoridades de Marruecos,
que ocupan el territorio en disputa desde 1975. Las reclamaciones
esenciales eran de carácter social. Desconcertado, el Gobierno de Rabat
negoció con los cabecillas de la iniciativa por medio del Ministerio del
Interior, que al ver que no podían desactivar la protesta pasó a
considerar en pocas horas a sus compañeros de mesa como terroristas,
según reconocieron a ABC fuentes próximas a aquellos contactos.
En
la madrugada del 8 de noviembre de 2010 las Fuerzas de Seguridad
marroquíes desmantelaron el campamento manu militari abriendo varios
días de disturbios en la capital de la ex colonia española en los que
murieron once de agentes marroquíes y dos saharuis, según el informe de HRW, que descartó que los acampados fueran rehenes de los activistas.
